06/04/08. Caracas. Comunicado: El Ejecutivo venezolano cuestionó las fuentes utilizadas para elaborar el documento. El Gobierno de Venezuela rechazó ayer el más reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por considerar falsos los señalamientos contenidos en el documento sobre supuestas restricciones de las libertades en el país. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que las fuentes utilizadas por la CIDH para la elaboración del informe corresponden a aseveraciones sin elementos probatorios, producto de datos y opiniones emanados de varias organizaciones de tendencia opositora. El escrito de la Cancillería no descarta que el reporte de la comisión constituya un acto más de la campaña de descrédito internacional, impulsada por el Gobierno de Estados Unidos contra instituciones venezolanas. También ratifica el ejercicio de la actividad de los defensores de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el legítimo derecho a la protesta social y el respeto a la vida que existen en Venezuela. El texto indica: “El Estado venezolano ha analizado detenidamente el informe 2007, percatándose nuevamente con decepción de que las fuentes utilizadas por la CIDH para su elaboración corresponden a un sinnúmero de aseveraciones, ligeras y sin elementos probatorios, producto de datos y opiniones emanadas de varias organizaciones –con una clara tendencia política opositoracontrarias a las acciones que lleva cabo el Estado Venezolano, en función de perfeccionar la calidad democrática en nuestro sistema político y social, orientado por la legítima y democrática Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Más adelante, se señala que el informe “reitera la actitud de parcialidad y selectividad malintencionada con que actúa la CIDH contra Venezuela, lo cual pone en entredicho la credibilidad y fortaleza de este organismo del Sistema Interamericano”. “Hay avances sustanciales en el combate contra la delincuencia y en el mejoramiento de las condiciones de nuestros centros de reclusión, son logros irrefutables, siempre orientados por los principios humanistas de nuestra Constitución”, destaca el documento. “A diferencia del pasado, cuando existía un poder judicial atado a los grupos económicos, mediáticos y a la oligarquía interna, en Venezuela existe hoy un poder judicial autónomo, independiente e imparcial, obligado constitucionalmente para garantizar a los venezolanos y venezolanas el derecho a la protección judicial efectiva de sus derechos e intereses, todos por igual”, agrega el escrito. La Cancillería venezolana llama a los gobiernos del continente para que no permitan “que se utilicen estos espacios de manera parcializada, intentando legitimar campañas contra gobiernos democráticos que enaltecen y garantizan los derechos humanos de sus pueblos, como es el de la República Bolivariana de Venezuela”.

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