El balance de la violencia a consecuencia de las protestas por la escasez de alimentos a nivel nacional ya no se puede ocultar. Muchas de las movilizaciones han concluido en muerte, lesionados, detenidos, saqueos, incendios y una represión desproporcionada, como dejan constancia los hechos ampliamente recogidos en vídeos, audios, fotografías y testimonios.

Protesta Crédito AP- 2001

La palabra “saqueo”, proscrita o suavizada por mucho tiempo en los medios por los tristes recuerdos de la historia reciente, vuelven a aflorar al tiempo que se activan las voces que claman una acción diferente a la represión para ponerles fin.

No ha sido el caso del desborde social en algunas zonas populares de Caracas, Barcelona, Cumaná, Mérida, Táchira y la del desenlace fatal que tomó cuerpo en Cariaco (estado Sucre).

El Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (Cofavic) es una voz autorizada para alertar de la violación de los Derechos Humanos, a raíz de la fuerte represión militar que ha rodeado a estos recientes acontecimientos.

La ONG ha sido una fuerte crítica del decreto N° 6.227 por el cual el Gobierno de Nicolás Madurodeclaró el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica porque “no cumple las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y los límites que establece la propia Constitución”.

Al reproche que se hace de la acción oficial, Cofavic apela a la memoria de lo ocurrido el 27 de febrero de 1989, para que “no se repita nunca más en nuestro país”.

Pretextos. Cofavic advierte que tanto la vigencia de la Resolución N° 008610 del Ministerio de la Defensa como el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica han provocado, entre otras cosas, presuntas ejecuciones extraoficiales y torturas en los intentos por restablecer el orden público.
El Observatorio Venezolano para la Seguridad y Defensa de la Nación Control Ciudadano (Ovesede) también emitió opinión a través de un comunicado donde expresó que la Defensoría del Pueblo “debe intervenir y modificar” dicha resolución.

Ovesede denuncia que el dictamen autoriza la utilización de armas para el control de las manifestaciones, “violando la prohibición expresa que hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al respecto, en el artículo 68”.

A pesar de la vigencia de la Resolución N° 008610, la presidenta de Ovesede Rocío San Miguel, expresa que bajo ninguna norma de derecho penal puede alegarse para cometer delitos contra la vida.
“Ningún postulado puede violar artículos constitucionales”, agregó San Miguel.

Activos. El Foro Penal también inició su gestión en todo el país atendiendo casos de detenidos políticos.
Su director Alfredo Romero aseguró vía Twitter que “se está produciendo un promedio de 17 protestas diarias”.

Advirtió a “los oficiales GNB, y policías: no sean tontos útiles de la represión estatal. Violar los derechos humanos acarrea responsabilidad personal”.

Apuntó que los funcionarios responsables de torturas están expuestos a recibir condenas de 15 a 25 años de prisión.

Despensas vacías. Muchas señales indican que el hambre se ha alojado también en los cuarteles, de tal manera que sus uniformados han traspasado con regularidad la línea del bien y el mal, como se evidencia en vídeos e imágenes en redes sociales.

Recientemente la prensa larense también reseñó el robo de seis chivos en las cercanías del Fuerte Manaure, en Lara, porque “allí no había qué comer”.

Al revisar el punto del abastecimiento militar, Rocío San Miguel señala que es un desafío para los comandos suplir de comida en cantidad y calidad a los cadetes que se forman en las escuelas de formación militar y policial.

“Han decidido enviarlos a sus casas para que tomen los alimentos en sus hogares”, agregó.

San Miguel manifestó que si en los cuarteles todavía se logra el abastecimiento, la mayoría de los soldados provienen de hogares de pocos recursos en los que probablemente sí exista hambre.

Sin embargo, la presidenta de Ovesede se adelanta a destacar que la Fuerza Armada Nacional es la única institución del país que tiene un régimen constitucional propio de seguridad social (Ipsfa).

De acuerdo con la representante de Control Ciudadano, aunque la Fuerza Armada nacional se moviliza diariamente, el concepto de “ración de combate” no existe en Venezuela, por lo que deben suplirse de alimentos por gracia de personas solidarias en las comunidades donde se realizan operativos.

Fuente: Jesús Gambús | Reymar Reyes Moncayo 2001

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