Fuente: Analítica.com

Este jueves el presidente de la Asociación Venezolana de Concejales (AVC)  Gustavo Ruiz Adrián, Concejal por Acción Democrática en el Municipio Sucre del estado Miranda fijó posición frente al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) que ordenó a ocho alcaldes desautorizar protestas en sus municipios.

En una rueda de prensa convocada por los alcaldes afectados, Ruiz Adrián pidió que se respete la autonomía municipal  en lo relativo a las competencias  de este nivel de gobierno local  y las concernientes al orden público en cada municipio pues la competencia ha sido arrebatada por el Gobierno  Nacional desde la creación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), estableciendo esta última como la aductora  y acciones de orden público, por encima de las competencias asignadas a los municipios en la Constitución Nacional.

Ruiz Adrián señaló que el TSJ en la sentencia referida al orden público en los municipios, ha obviado que el Gobierno Nacional ha asumido la responsabilidad de esas políticas  y acciones para el control del orden público en el ámbito nacional por intermedio de la PBN, ha intervenido las policías municipales  e incluso las ha acuartelado, por lo que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno Nacional.

 

“Advertimos que el TSJ  debió sentenciar la responsabilidad del Ministerio de Interior, Justicia y Paz  y la cartera de Defensa  por la desproporcionada represión que los señala, por el asesinato de más de 70 venezolanos como consecuencias de las acciones  ejecutadas por el Gobierno. Además son responsables de permitir y custodiar a civiles armados que disparan en contra de la población desarmada e indefensa”, enfatizó.

Asimismo se preguntó por qué razón la PNB o la GNB no detienen a los civiles armados, ya que muchos de ellos tienen armamentos de guerra y cuando ha sido el Gobierno el que decretó la suspensión del porte de armas.

Ante este contexto, la AVC rechazó  la sentencia del TSJ que descaradamente responsabiliza a alcaldes de oposición por el orden público y la protesta ciudadana que con derecho y justificación  hace de manera pacífica y civil un pueblo cansado de tanto maltrato.

Cuestionó además que esta sentencia no incluye a los alcaldes del gobierno,  como por ejemplo, Jorge Rodríguez en el municipio Libertado o Francisco Garcés del municipio Guaicaipuro del estado Miranda, donde a diario también se realizan protestas, se trancan vías públicas y hay represión gubernamental.

Desde la AVC exhortaron a la FANB a que cumplan con el artículo 328 de la Constitución Nacional y defienda al pueblo en el reclamo de sus derechos . De igual forma instaron al TSJ a que se abstenga de seguir violando la legislación nacional y especialmente la Constitución  con sentencias sesgadas.

Por último, llamaron al Gobierno Nacional a que escuche el clamor del pueblo que mayoritariamente rechaza el Golpe de Estado frío y continuado que se ha venido orquestando en el país . “Queremos vivir en democracia, en libertad y en paz”, concluyó Ruiz Adrián.

 

 

 

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