Fuente: Diario de Las Américas

La respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ante el pronunciamiento de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo), que le quitó el poder al Parlamento y dejó sin inmunidad a los diputados, fue ordenar el acuartelamiento de los militares.

Crédito Archivo Ültimas Noticias

Crédito Archivo Ültimas Noticias

Según reseña El Estímulo, a toda la plana mayor del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) los agarró de sorpresa que la jefa del Ministerio Público haya dicho que con las sentencias se rompió el hilo constitucional.

En la institución castrense los mensajes, comunicaciones, llamadas y radiogramas, fluyeron masivamente. No esperaban que la liebre saltara por la Fiscalía, aunque hace rato que el gobierno venezolano viene percibiendo que Ortega se ha distanciado de varias medidas que violentan la Constitución.

En ese sentido, muchos generales mostraron nerviosismo y otros manifestaron alarma, aunque la Fiscal sólo haya dicho en alta voz lo que a escala internacional ya era un grito de rechazo a las decisiones del TSJ contra el Parlamento.

Sin embargo, algunos jefes militares murmuraban entre sus compañeros de componente el mismo argumento que dijo el diputado oficialista Pedro Carreño y el hasta ahora reconocido como constitucionalista Hermann Escarrá: que las decisiones del TSJ se justificaban por el desacato en el cual se mantiene el Poder Legislativo.

Militares esperan por decisiones de la OEA y el Parlamento

Las aguas permanecen revueltas. En los cuarteles esperan por las decisiones que pueda tomar la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la sesión que este martes hará el Parlamento, para decidir qué acción tomarán ante los magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156.

El vicepresidente del ente legislativo, Freddy Guevara, anunció el pasado domingo, que iniciarán el proceso para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional.

Si algo parece claro es que la ruptura del hilo constitucional no se solventa por un acuerdo entre los poderes públicos, sino aplicando la Constitución Nacional. No se prevé que los magistrados de la Sala Constitucional renuncien, aunque más de cincuenta organizaciones no gubernamentales se lo estén solicitando.

Y en ese escenario la Fuerza Armada, que tiene el monopolio de las armas, permanece en silencio. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no se ha pronunciado, aunque su presencia en el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), registra su aceptación con la posición del gobierno de Nicolás Maduro.

 

comparte