Fuente: Natalia Matamoros, Angelica Lugo, Lorena Melendez, Reportero 24, El Nacional

Este año por lo menos 30 grupos familiares han abandonado sus casas en la parroquia huyendo de la violencia que imponen organizaciones que controlan la distribución de comida, cobran vacuna e impiden la entrada de la policía.

Crédito foto: Archivo 2001

Crédito foto: Archivo 2001

D esde junio pasado los Negrín tienen nuevo hogar en La Pastora. La familia se mudó no porque compró una casa más amplia, sino por razones de seguridad. No soportó vivir en el sector El Observatorio del 23 de Enero, zona de guerra entre colectivos y bandas delictivas en pugna por el control del territorio.

A mediados de mayo ocurrió un enfrentamiento que se prolongó por más de dos horas. Varios proyectiles impactaron en la casa de Oswaldo Negrín. Esa noche no durmieron, se escondieron debajo de las camas a esperar que el tiroteo cesara. “Mi nieto no paraba de llorar y al día siguiente no nos atrevimos a salir. Algunos autobuses no prestaron servicio por miedo a quedar atrapados en medio de otro intercambio de disparos”, relató Negrín. Agregar que entonces llamó a su hermana, que vive sola en La Pastora, para que les brindara refugio.

En tres días se mudaron y la casa del 23 de Enero la alquilaron a otras personas que también tienen proyectado irse.

Los colectivos, según Negrín, son los que imponen las reglas.

Tienen equipos de radiotransmisión, están informados de lo que ocurre en cada rincón y controlan la distribución de comida y el funcionamiento de locales comerciales, cobran vacuna por el uso de estacionamientos y enfrentan a los que desacaten sus órdenes o quieran invadir su territorio.

Cada vez que se reporta una situación irregular con una banda delictiva suenan la sirena para alertar a la población.

Algunas personas se abstienen de salir a las calles; otras, esperan a que la situación se calme para luego hacer sus diligencias. Hay planteles que el año pasado perdieron más de 400 horas de clase por quedar atrapados en la línea de fuego de los enfrentamientos. Uno es el Luis Rafael Pimentel que entre febrero y marzo suspendió actividades por los tiroteos.

Los Negrín constituyen apenas uno de 30 grupos familiares que, según vecinos, se han mudado a otros lugares para huir del yugo de los colectivos y las bandas.

Una vecina del sector Las Casitas de El Observatorio denunció que se han trasladado a casas de familiares o alquilados en Carapita, Caricuao, La Pastora y el interior del país.

Luis Acosta, en compañía de su esposa e hija, se vio obligado a marcharse de la zona F de la parroquia a finales del año pasado porque fue testigo de un crimen. “A finales de noviembre caminaba cerca de mi casa, cuando observé a tres encapuchados que sometieron a un muchacho. Lo golpearon varias veces y después le dispararon. A los tres días me mandaron notas a mi apartamento con amenazas como `Cuídate, sabes que están sentenciados’.

Tuve que mudarme por temor a represalias:

Inti Rodríguez, coordinador de Provea, también engrosa la lista de desplazados por la violencia en la zona. Hace dos años un grupo de encapuchados lo interceptó frente a la estación Agua Salud del Metro de Caracas y lo amenazaron.

A ellos no les convenía sus denuncias sobre violación de derechos humanos, y tenía dos opciones: se marchaba del lugar y continuaba con su trabajo, o se quedaba y renunciaba.

Escogió la primera.

Los colectivos se extienden:

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, considera que las primeras zonas de paz se instauraron en la práctica en la parroquia 23 de Enero después de los sucesos del 11 de abril. Aunque no hay documentos o anuncios oficiales que consideren el área como tal, en ese territorio no está permitida la entrada de los cuerpos de seguridad. Los grupos armados son los que ejercen el control y los reemplazan.

“Estos grupos tienen jerarquía política y mayor poder de fuego que las policías, y esto ha permitido que se consolide la criminalidad”, dijo la experta.

La presencia de colectivos, destacó San Miguel, se ha extendido por algunos puntos de Catia y Quinta Crespo, de edificios de la Misión Vivienda de la avenida Libertador, entre otros. Su poder ha provocado la sumisión de los cuerpos de seguridad porque su objetivo es la defensa de la revolución por encima de las necesidades de la población. La neutralización de estos grupos, a su juicio, solo es posible con la intervención y un plan de desarme de las instituciones policiales y castrenses.

Operativo infructuoso:

La semana pasada se desplegó una OLP y fueron ultimados 12 hombres que integraban la banda del Kilombo. Sin embargo, sus cabecillas, según vecinos, no han sido capturados.

“Se refugiaron en otras zonas y van a volver porque estos operativos no son constantes”.

De hecho, el Cicpc también incursionó en la zona ese día, pero su participación se vio truncada porque los colectivos se alzaron luego de que se llevaron detenido a David Guerrilla, miembro del grupo Salvador Allende.

“Los colectivos enfrentaron a tiros a los detectives, y a través de parlantes desde el bloque 7 llamaron a los habitantes a que salieran a defender la revolución. Al final la policía científica dialogó y tuvo que retirarse.

Con la acción queda demostrado una vez más que en esta zona la policía no tiene autoridad, no puede con los colectivos ni con las bandas”, expresó un vecino que prefirió mantener su nombre en reserva.

Una funcionaria de Policaracas da fe de que desde el momento en que los colectivos tomaron el 23 de Enero en junio pasado por la detención de cinco integrantes del grupo Tres Raíces, ningún funcionario puede acercarse a la parroquia ni por error. “Las órdenes de los jefes fueron precisas: no queremos saber que hay funcionarios allá. Si algo les pasa, no nos responsabilizamos”, destacó la agente.

Mataron a 3 agentes en las últimas 24 horas:

Tres funcionarios de seguridad fueron asesinados en menos de 24 horas en la Gran Caracas. Una de las víctimas era agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y fue identificado como Miguel Oviedo, de 27 años de edad.

Una fuente policial informó que manejan dos versiones del caso. Una de ellas refiere que el joven entró al restaurante Trattoria Nico, en la avenida Victoria, y a las 12:00 de la medianoche salió a atender una llamada telefónica. Cuando regresó al negocio fue interceptado por un hombre que lo intentó robar. La víctima lo enfrentó, se produjo un intercambio de disparos y murió. La segunda versión apunta a que llegó al local y el vigilante notó que estaba armado, por lo que le llamó la atención para que dejara el arma en el automóvil, pero se negó. Ambos discutieron, sacaron sus armas y se originó un tiroteo. En este hecho también falleció el sujeto que lo atacó, de nombre Aaron Rodríguez. Se supo que era miembro del colectivo Boina Roja, que controla los sectores El Mirador y 13 de Abril del 23 de Enero.

Los vecinos de los edificios adyacentes escucharon cerca de cinco disparos. Cuando cesó el tiroteo se asomaron y se percataron del movimiento policial. “Vimos varias patrullas y se rumora que hubo dos muertos. Esta zona es candela”, afirmó un residente del sector.

En la parroquia 23 de Enero los vecinos localizaron el cadáver de Abraham Castellanos, funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El agente tenía varios disparos y fue hallado por un grupo de vecinos del bloque 2. Mientras que en la población de Yare, estado Miranda, le dispararon al polinacional Oswaldo Antonio Herrera, adscrito al servicio de Emergencias VEN de La California. Un grupo de hombres armados lo atacó para robarle el arma.

Colectivos “comandan” las OLP:

*En un video exclusivo, una residente de Ciudad Caribia contó detalles de la OLP que se realizó en pasado 30 de junio en ese urbanismo. Revela que colectivos de Pérez Bonalde coordinaron la operación de intervención “policial”. Marcaron a sus víctimas días antes, usando como excusa los Clap. Luego entraron a sus viviendas y las ejecutaron

*Para la elaboración de este reportaje se evaluó el comportamiento del delito durante un año de OLP en la Cota 905, El Cementerio y El Valle. Se contabilizaron los homicidios ocurridos entre el 13 de julio de 2015 y el 13 de julio de 2016. Las estadísticas muestran que 62,9% de las muertes se atribuyen a casos de violencia policial (ejecuciones extrajudiciales, presuntos enfrentamientos con delincuentes y OLP)

*El análisis con expertos y la información sobre otros delitos permitió concluir que estos operativos no redujeron la criminalidad en estas tres “zonas de paz”. Un estudio elaborado por la ONG Provea muestra cómo la OLP en su nueva fase cambió su objetivo, que era el abordaje del problema de la inseguridad, y se convirtió en un “ejército de ocupación”, con la finalidad de recuperar territorios, mantener un control social y reprimir

Las gotas de sangre derramada por Johan Pérez todavía se ven secas en el suelo de uno de los pasillos del edificio 12, de la Terraza C de Ciudad Caribia. En el número 14, la entrada de la residencia donde vivió y murió Joel Pérez, exhibe los signos de haber sido forzada. En el edificio 25 de la Terraza B, la puerta de la casa donde cayeron los hermanos Anthony y Julio López tiene las marcas de tres disparos. Son rastros de que en el urbanismo hubo una Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF) el pasado 30 de junio que dejó siete muertos y 10 detenidos.

La historia de estas muertes no comenzó aquella madrugada sino cinco días antes, el sábado 25 de junio. A las 2:00 de la tarde se resquebrajó el silencio de la ciudad socialista que Hugo Chávez ideó en el Camino de los Indios, a 2,5 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira. Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde. La visita había llegado con tres anuncios.

El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona. “La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.

El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Distrito Capital.

Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.

Los señalaban como paramilitares, vendedores de droga, gariteros, y en el mismo grupo metieron a Ana Cedeño, sub-directora de la escuela Bicentenaria Samuel Robinson y vocera del consejo comunal “Un sueño en revolución”, y a Margarita Fórnica, otra vocera comunal y trabajadora del Liceo Gran Cacique Guaicaipuro. “Cuando comenzaron con eso, la gente se fue retirando poco a poco”, aseguró la fuente. Los colectivos permanecieron allí hasta después de las 8:00 pm.

El domingo, 26 de junio, otro grupo de hombres armados, con uniforme militar, visitó el lugar. Eran funcionarios de la GNB. Dicen que fue Fórnica, quien mantiene contactos con el gobierno, la que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que hiciera requisas ese domingo y, a su vez, protegiera a los vecinos que no tenían nada que ver con los del sindicato. “Ellos (la GNB) tenían frenados a los colectivos ese día, porque querían subir otra vez pero no los dejaron”, apuntó el testigo. Muchos de los señalados en la proyección se fueron de Ciudad Caribia esa misma noche. Otros se quedaron porque no tenían nada que temer.

El lunes todo volvió a la “normalidad”, aunque comenzaron a correr rumores y la versión de que alias “Pata’e clavo”, uno de lo líderes del colectivo Pérez Bonalde en Ciudad caribia, había jurado que la OLP colocaría en sus pies las cabezas de los supuestos delincuentes

“Llegó la muerte mamá, esos colectivos son la muerte”

Pero la tranquilidad se esfumó en la madrugada del jueves 30 de junio, cuando grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda. “Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.

Su hijo adolescente le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”. Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.

Con la advertencia de que se trataba de una OLP, estos hombres armados encabezaron el recorrido y la revisión de todas las terrazas del complejo, en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutan la OLP -Policía Nacional (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Guardia Nacional (GNB)-. Nadie podía salir ni entrar del sitio. Los relatos de los habitantes del urbanismo reconstruyen escenas en donde se combinan los allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, los maltratos y abusos policiales, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.

Alrededor de las 5:00 am, uniformados y colectivos estaban en la Terraza B, donde murieron Rodolfo Manrique y los hermanos Julio César y Anthony López. En la casa del primero, detalló un vecino, golpearon la puerta asegurando que se trataba de una OLP. Cuando la familia abrió, los encapuchados ingresaron y sacaron de su cuarto a Manrique, obrero de la construcción, quien estaba dormido. “Nos dijeron que se lo iban a llevar al Helicoide, pero cuando lo buscamos ahí, nos informaron que nunca había ingresado”, contó un pariente del hombre. En horas de la tarde, hallaron su cuerpo en la morgue del Hospital Periférico de Catia con un disparo en el pecho.

“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad. Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.

El caso de los hermanos López es uno de los más comentados. “A esa mamá le mataron a sus dos hijos en su propia casa. Imagínese eso, ella no tiene a más nadie”, comentó un vecino. Anthony, de 25 años de edad, trabajaba como buhonero en Catia, mientras que Julio César, de 19 años, estudiaba bachillerato por parasistemas. Fue su madre quien abrió la puerta a las 5:00 am tras el anuncio de una OLP. La apuntaron con un arma. Al cabo de un rato, la sacaron de casa y la alejaron del sitio. Minutos más tarde, se escucharon varias detonaciones. El charco de sangre quedó en la sala. Los cuerpos de los muchachos los envolvieron en sábanas y lo tiraron en una camioneta pick up, que fue de parcela en parcela recogiendo los cadáveres. “Esa gente disparó hasta después de matarlos. Se pusieron a echarle tiros a la pared y a la puerta para que pareciera un enfrentamiento”, comentó un conocido de la familia.

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comisiones del Cicpc llegaron al lugar para realizar las experticias de rigor. En la Terraza C cayeron Joel Pérez y Johan Pérez, quien es señalado como líder de la banda “Los sindicalistas”. La entrada del edificio 14, donde vivía el primero, fue violentada. El portón de rejas rojas por el que se accede a este, descansaba días después sobre una pared luego de haber sido arrancado. Vecinos afirmaron que llegaron directamente a su casa a buscarlo. Allí adentro lo mataron. Johan Pérez trató de escapar de los hombres armados, pero no lo logró. A escasos metros de la entrada de su casa se veían, días después, las gotas de sangre que derramó en la huida infructuosa.

“Si tú ves que viene un encapuchado, entra a una casa y mata a una persona, tú no puedes estar tranquilo”, indicó un habitante de Ciudad Caribia a quien le revisaron la vivienda. “Me dijeron que me quedara tranquilo y que tenía que colaborar. Yo estaba desayunando y esa gente entró a todos los cuartos y al ratico salió. Estaban buscando a Johan”, acotó un testigo. La lista de decesos difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz incluye a Jordán Pérez Castillo y Ricardo Fabián Cruz Cardona, pero no a Julio César López. Las fotos de todos los que murieron habían salido en la proyección hecha por los colectivos el sábado anterior.

En la Terraza B también hubo varias detenciones. En el edificio 11 sacaron de la casa a todos los hombres y los arrodillaron en los pasillos. A varios los golpearon y los llevaron en un camión al Sebin. “A mi nieto de 14 años, que es un menor de edad, lo levantaron de su cama y lo apresaron con la excusa de que era un vendedor de droga y que tenía una pistola. ¡Cómo van a hacer eso! Yo vi lo que pasó y él no tenía nada de eso. Todo fue un abuso, Maduro va a terminar matando a los hijos de uno”, contó indignado un habitante de Ciudad Caribia. A su nieto lo liberaron al día siguiente.

Con esa misma suerte no corrió Italiani Muzzo, un chófer que fue detenido en el procedimiento. Luego de haber sido llevado a El Helicoide, permaneció encerrado en un camión en La Yaguara, “secuestrado” por funcionarios policiales que le exigían a su familia el pago de un rescate para dejarlo en libertad. Ahora está en los calabozos de la PNB en San Agustín. Su rostro, aseguró un testigo, fue mostrado en la proyección de video beam. “A ese no lo mataron porque la familia no lo dejó y porque tenía a su hija cargada. Ahora, los policías le están pidiendo 400 mil bolívares para liberarlo y le aseguraron que en cualquier momento regresaban para hacerle daño a la esposa y a los niños si no les pagaba. Pero esa gente no tiene nada”, relató.

Un gringo en manos de paramilitares de Pérez Bonalde:

En el edificio 12 fue detenido Jhosua Anthony Hold (24) y su esposa Tamara Belén Caleño (25). El primero, es un ciudadano estadounidense que había venido al país para casarse, tenía menos de un mes en Venezuela. Esperaba que a Caleño, recepcionista del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), le entregaran los documentos necesarios para que se residenciara con él en Estados Unidos.

Una nota de prensa del Ministerio Público señala que el día de la OLP, los funcionarios ingresaron a su casa tras observar una “actitud sospechosa”. En el apartamento supuestamente consiguieron un fusil AK-47 y un facsímil de granada. A ambos los dejaron detenidos en el Sebin de El Helicoide por porte ilícito de armas de guerra. “Eso se lo sembraron, estoy segura. Conozco a Tamara y ella no tenía eso en su casa”, sentenció una vecina de la Terraza A que conocía a la joven detenida.

Tanto Hold como Caleño pertenecen a la iglesia mormona de los Santos de los Últimos Días. Aunque fueron detenidos el jueves 30 de junio, no fue sino hasta el viernes 8 de julio -una semana después- cuando se conoció la noticia de que habían sido imputados y privados de libertad. Versiones extraoficiales señalan que el estadounidense permaneció en Sebin sin ser presentado en tribunales, mientras era extorsionado. Como no pagó por su libertad, lo dejaron preso.

Dos semanas después de aquella OLP, pocos quieren hablar de lo sucedido. Los familiares de muchas de las víctimas trabajan en instituciones del Gobierno establecidas en el mismo urbanismo, y en estos tiempos es mejor cerrar la boca y aguantar el llanto para no perder el empleo.

Además en Ciudad Caribia viven ahora varios miembros de los colectivos que ese 30 de junio estaban junto a los policías. Uno de ellos, descrito como un hombre lleno de tatuajes, se mudó dos semanas antes de los hechos a un apartamento que le quitaron a una pareja con cuatro niñas en una OLP anterior. El nuevo “propietario” entró y se apoderó del lugar supuestamente con una “orden presidencial”, afirmó un vecino.

“Ahorita está tranquilo, pero en las noches esto es horrible porque esta gente sale (los colectivos) y se pone a merodear por ahí. Son esa gente que vive así, por vivir, y viven feo. Entonces, lo que uno hace es encerrarse. Esa gente lo que quiere es apropiarse de las construcciones, de las obras”, apuntó un habitante.

Dos hombres que esperan al autobús de la única ruta que los saca de Ciudad Caribia, añaden que la mayoría de los muertos eran “los malandros del sindicato”, quienes cometían secuestros, robos y controlaban no sólo las obras, sino también la venta de estupefacientes. “Pero las cosas no se hacen así. No pueden venir aquí a matar a la gente, porque ellos tenían derecho a defenderse. Esos son los derechos humanos. Además, ahí también murieron inocentes. Y fueron muchos más de los que dicen los periódicos, porque ahí murieron más de 20 personas y otras están desaparecidas”, recalcó uno de los habitantes de la que sería la “comuna” soñada por Chávez.

En Ciudad Caribia también queda una dependencia del Ministerio Público. Una inscripción en la fachada dice: Fiscalía 162° de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Unidad de Atención a la Víctima. El equipo de Runrun.es, que visitó el urbanismo, intentó conversar con los fiscales de esa oficina acerca de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos sin orden judicial y la participación de colectivos en la OLP-NF del 30 de junio. Pero uno de los funcionarios dijo que allí “no trataban esos casos” y se negó a responder qué tipo de casos trabajaban entonces. En la parte baja de la puerta del edificio también se lee la consigna: “¡No a la impunidad!”…

… Esta historia continuó y el jueves 14 de julio, una OLP sorprendió a los habitantes del Observatorio en el 23 de Enero. Según testigos, también allí los colectivos dirigieron a los cuerpos policiales en el procedimiento que acabó con la vida de 5 presuntos delincuentes.

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