Fuente: El Nacional
En sesión plenaria la Asamblea Nacional aprobó ayer un acuerdo para rechazar el tráfico de influencias en materia de negocio ilegal de estupefacientes por parte de altos funcionarios del gobierno, al considerar la reciente declaratoria de culpabilidad por el jurado estadounidense en contra de Efraín Campos y Franqui Flores, sobrinos de Cilia Flores. Ellos fueron enjuiciados por el envío de 800 kilos de droga a Estados Unidos, provenientes de Venezuela.
Crédito Archivo El Nacional
En el acuerdo aprobado por la bancada opositora está previsto instar al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a que inicie una averiguación para determinar si existen méritos para enjuiciar a los involucrados y a los que actuaron como cómplices. También se acordó que este acuerdo será remitido a la Organización de las Naciones Unidas para que haga un estudio con sus respectivas soluciones en aras de evitar la expansión del narcotráfico y delincuencia organizada en Venezuela y Latinoamérica.
Durante su intervención, que se prolongó por más de 20 minutos, el diputado Ismael García denunció que el gobierno ni los poderes públicos han ordenado una investigación exhaustiva sobre el caso de los narcosobrinos y planteó que la Asamblea Nacional integre una comisión especial integrada por legisladores opositores y oficialistas para tratar el tema. “Debemos pedir los expedientes e investigar a las personas que nombraron en ese juicio. Ellos no solo merecen un castigo jurídico, sino una sanción moral. Ha llegado la hora de quitarles la careta a estos criminales que llegaron al poder para enriquecerse”, dijo el legislador.
El diputado Ismael León agregó que también el empresario petrolero Wilmer Ruperti debe ser investigado para determinar la procedencia de los recursos que utilizó para la defensa de los sobrinos de Cilia Flores.
“Insto a que se inicie una averiguación contra otros miembros de la familia Maduro Flores. Por ejemplo, contra Walter Gavidia Flores, presidente de la Fundación Propatria 2000. Nos preguntamos qué habrá hecho con los recursos destinados a la habilitación del cardiológico de adultos en Montalbán; así como también es conveniente investigar a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás, por el presunto uso de aviones de Pdvsa para transportar droga”, expresó León.
El parlamentario Julio Montoya de igual manera estuvo de acuerdo con la integración de la comisión para que investigue el caso. Hizo énfasis en que los diputados oficialistas también participen en la investigación. “Hay que averiguar si es una política de Estado o es un hecho aislado. Nuestro llamado es a los Poderes Públicos del país. Este tema no se puede dejar en el oscurantismo; necesitamos la verdad”.
A la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, que fueron declarados culpables el pasado 18 de noviembre por la justicia estadounidense, saltó el diputado Pedro Carreño al afirmar que la estrategia de la oposición es criminalizar la revolución. “Ahora arremeten contra estos pobres muchachos porque no tienen capacidad de vulnerar a la revolución bolivariana”, dijo.
Mientras, el legislador Edwin Rojas denunció que este debate forma parte de una campaña de aniquilamiento contra Nicolás Maduro y su familia, y argumentó que durante la revolución han deportado 70 capos de la droga, se han incautado 60 toneladas de cocaína y se han derribado más de 30 aviones sospechosos de narcotráfico.
Exigen información pública. Transparencia Venezuela solicitó a las autoridades venezolanas que comiencen de inmediato una investigación absolutamente independiente, y para ello se designe un equipo técnico de alto nivel, con recursos suficientes para realizar su trabajo, se inhiban “todos los relacionados con el presidente y su familia, incluidos quienes han manifestado ser amigos del jefe del Estado y los miembros de su partido”, y se precise si el presidente Nicolás Maduro tiene responsabilidad en este caso por acción u omisión.
En un comunicado, la ONG exigió que se haga pública la información sobre los ciudadanos que han recibido pasaporte diplomático por parte de la Cancillería venezolana, así como sus respectivas fechas de caducidad. Igualmente demanda que a la brevedad posible se publique la lista de personas que han utilizado la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante los últimos cinco años y la carga declarada por dichos usuarios. “El gobierno del presidente Maduro tiene la obligación de aclarar esta situación y los ciudadanos venezolanos tienen el derecho de saber toda la verdad sobre un hecho que lesiona la imagen internacional del país y conmociona a la opinión pública”, expresó en el texto.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó que el gobierno impida el ingreso de ayuda humanitaria al país y que, por el contrario, permita la salida de aeronaves con droga desde Venezuela. Criticó, además, que guarde silencio en el caso de Efraín Campos Flores y Franki Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama, Cilia Flores. “Según se dijo en el juicio, la droga que traficaban los ‘narcosobrinos’ provenía de las FARC y la sacaban por el aeropuerto de Maiquetía a través del hangar presidencial. La aeronave era pilotada por Pedro Miguel Rodríguez, militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Intentaban transportar 800 kilos de cocaína. En cualquier lugar del mundo ya se hubiese abierto una investigación. Este es un caso que debe llevarse hasta las últimas consecuencias”, expresó.