05/04/08. Washington. Insisten en concretar una visita a Venezuela. El organismo criticó la provisionalidad de jueces y de fiscales del Ministerio Público y la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. La comisión advierte que no hay una respuesta efectiva para investigar los hechos delictivos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó ayer en Washington su informe anual 2007 en el que el Estado venezolano fue nuevamente criticado por las constantes violaciones de los derechos fundamentales en el país. En esta presentación, la CIDH se confesó especialmente preocupada por el aumento en los índices de inseguridad ciudadana en el país: “A lo largo del año 2007, la CIDH continuó recibiendo información sobre la situación de inseguridad ciudadana en Venezuela, en particular en cuanto a homicidios y secuestros, y la ausencia de una respuesta efectiva de los órganos encargados de investigar y sancionar este tipo de hechos”. En el informe presentado por el presidente de la instancia, Paolo Carozza, se pone de manifiesto que la inseguridad en Venezuela ha sido reconocida no sólo por organizaciones no gubernamentales encargadas del tema, sino por el mismo Estado. “En su comunicación, el Estado venezolano manifestó que `la violación del derecho a la vida, mediante su privación arbitraria, a través de la ejecución extrajudicial, conocida comúnmente como ajusticiamiento, o bien, la desaparición forzada, representan fenómenos producto de los problemas estructurales que, a lo largo de los años, ha soportado el Estado venezolano, así como otros países hermanos de la región latinoamericana”. La CIDH recomendó al Estado no enfocarse sólo en los abusos policiales sino también en casos de sicariatos y otros en los que estén involucrados particulares. Justicia en la mira. Nuevamente, el sistema judicial es blanco de las críticas de la CIDH, la situación de provisionalidad de los jueces y fiscales del Ministerio Público es un aspecto rechazado por el organismo. Aseguran que a pesar de que el Estado informó que 53,59% de los 1.840 jueces del país son titulares “de la información disponible resulta que las categorías de jueces provisorios, temporales y otros, no se encuentran reguladas en ninguna normativa que permita comprender sus garantías de estabilidad”. En cuanto a los fiscales, se menciona que en 2007 fueron nombrados 385 fiscales, de los cuales sólo 7 son titulares. Rechazaron la injerencia del presidente Hugo Chávez en el Poder Judicial, al recordar declaraciones del mandatario del 27 de marzo de 2007 en las que se refirió a los jueces que dictaban sentencias contrarias al Gobierno como “traidores del pueblo y de la revolución”. Más señalamientos. La CIDH lamentó la no renovación de la concesión de RCTV, canal que cerró su transmisión gratuita el 27 de mayo de 2007. Al respecto advirtió: “Los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables que eviten cualquier consideración política discriminatoria vinculada a la línea editorial del medio de comunicación”. El ente perteneciente a la OEA destacó que se deben evitar agresiones a los medios de comunicación y el uso de procesos judiciales “como medio para silenciar denuncias”. Expresó su alerta en relación con las condiciones de trabajo de los defensores de derechos humanos, no sólo por el peligro que corren sus vidas sino por las limitaciones en cuanto a criminalización, acusaciones relacionadas con el otorgamiento de fondos extranjeros y las dificultades de acceso a la información. El informe de la CIDH ratificó su profunda preocupación por el ambiente hostil para el disenso político en Venezuela. Rechazaron los despidos por motivos políticos no sólo en instancias del Estado sino también en las regionales. También consideraron negativa la criminalización de la protesta social y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. En este último caso recordaron las advertencias y medidas provisionales que la CorteIDH ha emitido para tratar de preservar la vida de los reos. Visita. La CIDH insistió en gestionar una visita in loco, por lo que lamentaron que el Gobierno no haya dado muestras de querer recibirlos. Fuente: El Nacional. Nación/2 VANESSA GÓMEZ QUIROZ vgomez@el-nacional.com