Fuente: El Estímulo 

El procesamiento ante una Corte Marcial del profesor universitario Santiago Guevara por supuestamente conspirar contra el presidente Nicolás Maduro en una panadería, refleja el uso de un sistema militar que depende directamente del Ejecutivo Nacional, utilizándola con fines de persecución política, denunciaron a El Estímulo abogados y defensores de derechos humanos.

El Estímulo

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“Desde el año 2000 se viene aplicando una justicia militar con criterios totalmente contrarios al Convenio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Constitución Nacional”, asegura Marino Alvarado, un veterano activista dedicado a seguir casos de procesados ante la justicia castrense.

El caso contra Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo vinculado al supuesto complot en el que también estaría implicado Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, vulnera la Carta Magna, que establece que el sistema judicial castrense no debe aplicarse a civiles, pero “la Sala Penal y la Constitucional del Tribunal Supremo aplican la jurisprudencia anterior a la Constitución de 1999″, explica Alvarado.

El también abogado precisa que al menos 40 civiles -entre quienes se encuentran dos activistas del partido opositor Voluntad Popular, Gilbert Caro y Steicy Escalona, por supuesta rebelión- han sido acusados de delitos de diversa índole y sometidos a jueces y fiscales uniformados. Los más comunes son asalto y ofensa al centinela, violación a zonas de seguridad militar y rebelión, apunta.

Denuncia que militares retirados también están siendo sometidos al sistema jurídico verdeoliva. Estudiantes universitarios, sindicalistas e indígenas han pasado por la Corte Marcial, mientras 21 personas con distintas actividades han sido procesadas entre 2015 y 2016 “por discutir con militares por la compra de comida en las colas”, añade el activista.

En Venezuela, los civiles están expuestos a un sistema jurídico dependiente del Ejecutivo. El presidente Nicolás Maduro tiene la potestad de designar a jueces y fiscales militares, y puede “suspender un juicio en cualquier estado que se encuentre”, recuerda Alvarado.

“Esto puede ser peligroso porque se crea un marco de la instrumentalización de la justicia y hay una ventana para la represión”, alerta.

Para el activista, lo más preocupante del uso del sistema penal para fines políticos es el silencio del defensor del Pueblo, Tareck William Saab, o de la “ambivalente” actitud del Ministerio Público ante el proceso a civiles sin presentar pruebas, como es el caso de Santiago Guevara, según han denunciado abogados.

“El Ministerio Público no acusa, no actúa y recurre más a la fiscalía militar como consecuencia de fines de persecución política”, agrega.

Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, explica que el enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares refleja que en Venezuela se pasa de un estilo de gobierno autócrata-legalista a una dictadura formal. “Si el sistema jurídico civil ya no sirve para reprimir, ahora se acude a un sistema militar típico de una dictadura”.

“Es decir, hay una cárcel especial que es El Helicoide con una policía especial que es el Sebin. Ahora se tendrán jueces militares”.

Alvarado comenta que el sometimiento de civiles ante el sistema jurídico verdeoliva está contemplado en la Ley de la Fuerza Armada y en el Código Penal Militar aunque la “Constitución de 1999 establezca lo contrario”.

El TSJ vs la Constitución

La Sala Penal del  Tribunal Supremo de Justicia, hasta el 2005, sostuvo mediante varias sentencias el criterio de mantener a los civiles, que presuntamente habían cometido delitos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, dentro de la esfera de los Tribunales Penales Ordinarios. Sin embargo, mediante una sentencia de la Sala Penal de junio de 2005, cuando el magistrado presidente era Eladio Aponte Aponte, se determinó que los civiles sí pueden ser juzgados por tribunales militares. Lo que, según los expertos, simboliza una involución en materia de derechos humanos.

El diputado opositor Armando Armas considera que la detención de Stacy Escalona, acusada por el Tribunal Sexto de Control Militar con sede en Valencia, a cargo de la capitana Luz Mariela Santafe Acevedo, de presunta rebelión y sustracción de armamento militar; y la del profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, imputado por la capitana Lorenza Del Carmen Domínguez, titular del Tribunal Primero de Control de la Corte Marcial, por supuesta traición a la patria e instigación a la rebelión, “constituyen dos claros ejemplos de la desnaturalización de la justicia, propia de los regímenes dictatoriales”.

Louza añade que la detención contra el profesor Guevara es “emblemática” y lanza un claro mensaje a sectores que disienten del Gobierno. “Los casos de civiles ante la justicia castrense se volverán más comunes y actuará más radical”, advierte.

Alvarado apunta que las detenciones a civiles en el contexto del plan de “justicia socialista” lanzado por el Gobierno y la activación de un comando antigolpe, pueden ser utilizadas “con fines contra líderes políticos y dirigentes sociales”.

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