Para el criminólogo Fermín Mármol García la gran jornada de la Operación de Liberación del Pueblo, anunciada este lunes en la noche por el presidente Nicolás Maduro, solo ataca uno de los ocho frentes criminales que operan en el país: el paramilitarismo, y no aborda otros delitos como los secuestros, homicidios, el tráfico de drogas y las mafias que se esconden tras los sindicatos de la construcción y la minería, así como la guerrilla y los colectivos.
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Durante los últimos nueve meses, según Fermín, estos operativos no se han aplicado en las zonas donde operan grupos colectivos que tienen el control de las armas y de la vida de las personas que habitan en varios sectores del país. Tampoco han hecho un abordaje de los sitios donde están desplegadas las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. “Las OLP no son permanentes, sino que penetran en las barriadas entre cuatro y cinco horas, y se van. Esto propicia que los grupos delictivos regresen y operen a sus anchas, luego del despliegue”, expresó el experto.
Este tipo de procedimiento, indicó, debería abarcar otros tópicos que inciden en la criminalidad. Por ejemplo, el déficit de investigadores criminales que, de acuerdo con sus cálculos, asciende a 70%, así como la instalación de equipos de GPS en las unidades para verificar el cumplimiento del Patrullaje Inteligente.
Despliegue para amedrentar. La presidente de la Asociación Civil para la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada, Rocío San Miguel, señaló que estos operativos han instaurado la pena de muerte en el país y están alejados del marco constitucional. “En estos abordajes se utiliza el amedrentamiento y la represión popular para atacar la delincuencia, sin hacer un estudio previo del fenómeno de la criminalidad”, comentó San Miguel.
Agregó la abogada que este tipo de políticas contra el crimen deberían concentrarse en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, el control de armas y municiones, que debería estar a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y balances continuos sobre las medidas implementadas por los organismos policiales para ajustarlas a la realidad de Venezuela.
Fuente: El Nacional