Caracas. Llamaron a los magistrados del TSJ a renunciar a sus cargos. Criticaron el paquete de leyes habilitantes por considerar que desconocen la voluntad popular. Los miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se reunieron ayer para hacer pública su posición en contra de las leyes aprobadas por el Ejecutivo a través del mecanismo de la Habilitante y de las últimas decisiones dictadas por el TSJ. Aseguran que el paquete de leyes violenta la voluntad popular expresada el 2-D: “Se evade el control ciudadano, la previsión y la seguridad jurídica, la tipicidad de las sanciones, la proporcionalidad de las restricciones, el debido procedimiento de discusión y de consulta, la inviolabilidad y la progresividad de los derechos humanos”. Varios miembros de la academia, Tatiana de Maeckelt (presidenta), Román Duque Corredor, Alfredo Morles Hernández y René De Sola, recalcaron que es importante que los venezolanos estén conscientes de lo que significan las nuevas leyes aprobadas por Hugo Chávez. Es por ello que explicaron que se deben ejercer todos los recursos judiciales que hagan falta. Sin embargo, consideran que del TSJ no saldrá una sentencia adversa a las leyes. “Sabemos que es un proceso muy difícil y que no podemos ser muy optimistas sobre la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por parte del TSJ”, dijo Maeckelt. Advirtió que, además de lo jurídico, existe el artículo 350 de la Constitución que llama a la desobediencia civil en caso de legislaciones que contraríen los valores de los venezolanos. “El otro paso más radical es el artículo 350”, insistió la presidenta de la academia. Igualmente, De Sola indicó utilizar primero los recursos jurídicos “va a constituir la base para que mañana pueda aplicarse el artículo 350”. Renuncia colectiva. Lamentaron que la Sala Constitucional se haya limitado a declarar el carácter orgánico de algunas leyes, sin revisar las contradicciones con la carta magna. Morles Hernández aseguró que lo más apropiado de parte de los miembros de la Sala Constitucional será que renuncien a sus cargos: “Se impone pedir la renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes prefieren exponerse a la vergüenza pública por sus decisiones a tener que pasar la pena o enfrentar el temor de tener que decirle no al Presidente”. Incluso pidió la dimisión del magistrado Pedro Rondón Haaz, de quien dijo sirve para dar un carácter de legitimidad a la Sala Constitucional. A la gente. Maeckelt expuso que los ciudadanos comunes deben entender que, más allá de una discusión de principios y de la pérdida del estado de derecho, las leyes habilitantes afectan a todos los venezolanos. Recordó la posibilidad de decretar cualquier propiedad como de utilidad pública sin procedimiento previo, la intervención de la cadena alimenticia y la inclusión de la milicia a la FAN. Para Duque Corredor se trata de violentar la intimidad de los ciudadanos: “Esas leyes permiten al Estado definir cómo debe vestirse, qué comer, cómo transitar, cómo vivir, qué comprar”. Fuente: El Nacional. Nación/6 Vanessa Gómez Quiroz vgomez@el-nacional.com
