Fuente: Crónica Uno

Por considerar que “constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana”, 71 organizaciones venezolanas e internacionales de Derechos Humanos exigieron al Gobierno, a través de un comunicado, que desactive el Plan Zamora.

Crédito Archivo Efecto Cocuyo

Crédito Archivo Efecto Cocuyo

Tras recordar que el pasado 19 de abril, el primer día de aplicación del operativo, se registraron tres fallecidos y 62 heridos durante las decenas de manifestaciones opositoras que se produjeron en el país durante esa fecha, las agrupaciones denunciaron que los policías y militares que han actuado en el control de las protestas lo han hecho “con un desapego total a los principios sobre el uso proporcional y diferenciado de la fuerza; generando nuevos obstáculos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el empleo indiscriminado de gases tóxicos”.

Aunque su organización no firmó el comunicado, la presidenta de Control Ciudadano sobre la Fuerza Armada, la Seguridad y Defensa, Rocío San Miguel, consideró que lo verdaderamente preocupante sobre el Plan Zamora es la falta de información acerca de sus directrices.

“Nadie ha visto el plan, es más, dudo que alguien lo haya leído porque no creo que lo hayan escrito siquiera. Lo único que se sabe es que es un plan de orden público que incluye la unión cívico-militar”, afirmó la experta en temas militares.
San Miguel no descartó que el plan sea una versión del infame Plan Ávila, en la cual se hayan incorporado conceptos como el del enemigo interno y los cambios que ha sufrido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los últimos años, con la suma de la Milicia Bolivariana y las nuevas estructuras como las regiones y zonas de Defensa Integral —REDI y ZODI, respectivamente.

Insistió en que el problema no es que el presidente Nicolás Maduro haya activado el pasado 18 de febrero la “fase verde” del plan, sino que no se sabe qué implica eso.

“La existencia de planes en la FANB para atender situaciones de conmoción y problemas de orden interno no es lo criticable, lo criticable es que los mismos no están sometidos a ningún tipo de control democrático”, aseveró, al tiempo que agregó: “En países democráticos, en el Congreso, hay comités a los que no tienen acceso los medios donde se supervisan iniciativas de esta naturaleza y toda la información es reservada, pero es evaluada”.

Asimismo, recordó que la Constitución, en su artículo 332, reservó a los organismos civiles la labor de “mantener y restablecer el orden público” y los militares solo pueden ayudar una vez desbordados estos primeros.

La falta de información sobre los planes y procedimientos que la institución armada tiene para atender determinadas situaciones no es algo nuevo, sino “histórico”. Así lo recordó la directora Ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien recordó que lo mismo ha pasado con el Plan Ávila.

En retrospectiva
El Plan Ávila fue el dispositivo de seguridad que se utilizó durante el Caracazo para poner fin a los disturbios y saqueos, el cual incluyó el despliegue de tropa con armas y vehículos de guerra para tratar de restablecer el orden público. Sin embargo, lo ocurrido durante esos días, los más de 400 muertos oficiales y miles extraoficiales, le valieron al país una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la orden de modificar el plan y ajustarlo a los estándares internacionales en materia de garantías fundamentales.

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