Caracas. A seis años de la más grande movilización realizada contra un gobierno en Venezuela, la Fiscalía presentó el 9 de abril el resultado de los casos que se han iniciado para esclarecer las muertes con que terminó la fatal jornada, recordada con dolor por los venezolanos por haberse erigido como una de las más grandes tragedias políticas que ha vivido el país. Sin embargo, pese a que el para entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, juró al país que el golpe “no está ni quedará impune”, juristas y familiares de las víctimas e imputados se cuestionan si las investigaciones están impulsadas por la búsqueda de la verdad o forman parte de un proceso político enmarcado en la retaliación. JUSTICIA EN TORTUGA El Ministerio Público notificó este miércoles sobre la acusación de un funcionario de la Guardia Nacional por supuestamente haber cometido delitos en esa fecha. Se trata del coronel Juan José Gómez Angulo, que según informe de la Fiscalía está presuntamente relacionado con los homicidios de Nelson Zambrano, Luis Alberto Caro y Luis Monsalve, en El Silencio y las adyacencias de Miraflores. También fue acusado del homicidio frustrado de José Majano Navas y de uso de armas de guerra. Gómez Angulo pasó a formar parte de los 12 privados de libertad, 72 imputados (sin contar 26 más vinculados con los sucesos de Mérida el 12 de abril), 32 acusados, 8 condenados, 13 con solicitud de captura, 43 prohibiciones de salida del país, 16 medidas de presentación periódica y 13 personas prófugas como prueba del “trabajo” del Ministerio Público. Sin embargo, del total de los imputados, sólo cinco se relacionan con las muertes del 11-A. Entre ellos se encuentra Gómez Angulo, cuya orden de detención fue emitida a seis años del suceso, aún cuando la Fiscalía lo acusó desde 2006 y jure que fundamenta su acusación en experticias testimoniales y técnico-científicas recabadas poco tiempo después de los hechos. ¿Cuánto tiempo deberá pasar entonces para que lo apresen? En el caso de otros cuatro guardias nacionales vinculados con la muerte de personas en el centro de Caracas, los imputados tampoco están en prisión, esta vez quizás porque sus imágenes no coinciden con los efectivos fotografiados e identificados disparando ese día contra los protestantes de oposición, pero al respecto la Fiscalía sólo ha guardado silencio. “Ni siquiera se efectuaron las pruebas de balística ordenadas por el propio Danilo Anderson”, señala el defensor de los familiares de ocho de las víctimas, Alfredo Romero. Para el abogado, las investigaciones inconclusas favorecen la impunidad. En seis años de trabajo, el equipo de Romero y sus representados, agotaron todos los recursos judiciales internos, pero sostienen: “se nos negó la justicia”. Luego lograron llamar la atención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y pasada la audiencia, están esperando que el Gobierno responda. “El avance fue lograr sentar al Estado y que nos escuchara. Representamos también a más de doce heridos que aún no reciben respuesta. No ha habido identificación de los responsables y se ha hecho lo posible para lograr la criminalización de los ocho policías metropolitanos implicados y también de los comisarios (Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero) para exculpar a los verdaderos criminales y criminalizar a inocentes”, acusó Romero. ¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA? Además del recién detenido Gómez Angulo, otros once ex funcionarios se encuentran privados de su libertad. Con ellos la justicia fue más rápida, tanto que hoy cumplen más de tres años detenidos. Se trata de los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, del ex comisionado de seguridad ciudadana Iván Simonovis y de los ocho efectivos de la Policía Metropolitana. Los tres primeros están detenidos sólo con base en el testimonio incriminatorio que los ocho segundos ofrecieron privados de su libertad bajo la promesa de su liberación, aunque la Fiscalía jura que posee más de 400 elementos probatorios que sustentan la acusación. Para Yajaira de Forero, esposa y abogado del comisario Lázaro Forero, las “supuestas” pruebas del Ministerio Público contra su defendido y los otros diez funcionarios, representan una burla: “Las evidencias que presentó la Fiscalía son tan insignificantes como una experticia hecha a un trozo de goma espuma y a un zapato que se encontraron cuatro meses después de los sucesos en el Puente Llaguno”. Los efectivos son enjuiciados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, lesiones personales graves, gravísimas, menos graves y leves y el uso indebido de arma de fuego, según informe de la Fiscalía. Los policías metropolitanos se retractaron de sus aseveraciones y siguen tras las rejas, pese a que los informes de balística, medicatura forense y los levantamientos planimétricos, demuestran que ninguna de las balas extraídas de los caídos en Llaguno corresponde a sus armas. De las 43 prohibiciones de salida del país, 27 corresponden a los firmantes del decreto Carmona. Ninguna tiene que ver con las personas que perdieron la vida. De hecho, a seis años del 11-A el resultado de las investigaciones sólo Gómez Angulo y los PM y comisarios están detenidos, los últimos aún en juicio. El resto de los casos fueron ya archivados o jamás se abrieron, lo cual significa que sólo 20% de las muertes han sido investigadas. Tampoco han sido investigados muchos de los actores que accionaron armas de fuego aquel día. El propio Danilo Anderson reconoció que en la avenida Baralt se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes del Gobierno y la oposición, algunos de los cuales portaban pistolas y revólveres. De hecho el Ministerio Público identificó en fotos al menos a 50 personas en el bando del chavismo y otro tanto entre los marchistas, mientras disparaban, declaró a TalCual en 2003 el fiscal. Los representantes legales de la Asociación de Víctimas del 11-A (Vive), entregaron ante la CIDH más de dos mil gráficas en las que aparecen chavistas armados en acción. Pero mientras la justicia se muestra rígida con los ocho efectivos de la PM que llevan años tras las rejas, varios funcionarios públicos que dispararon el 11-A y contra quienes se giraron órdenes de captura, han sido progresivamente beneficiados con medidas sustitutivas de fianza o régimen de presentación. Tales son los casos de Aníbal Espejo, trabajador del Seniat detenido por disparar en la refriega y Amílcar Carvajal (funcionario de la Presidencia de la República y asistente del entonces ministro de la Secretaría, Elías Jaua), quien fue fotografiado disparando desde la Avenida Baralt en dirección a la oposición y huyó a México para evadir a la justicia. Hoy por hoy se encuentra en libertad. Por lo anterior Romero asegura que el 11-A fue convertido por el Gobierno en un arma política para evadir su responsabilidad en los hechos e intentar culpar de todo a la oposición. PISTOLEROS AL OLVIDO El video que registró su actuación en Puente Llaguno dio la vuelta al mundo. Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Henry Atencio y Nicolás Rivera fueron los primeros detenidos y juzgados y la opinión pública los identificó como “los pistoleros de Llaguno”. Sin embargo, en julio de 2002, el Tribunal 40 de Control les concedió libertad plena. Después, por poco tiempo, volvieron a prisión, luego de la intervención del máximo tribunal y la radicación de la causa en Aragua. Pero en abril de 2003 ya estaban de nuevo en libertad, esta vez condicional. Su caso, el único “concluso” del 11-A, fue sellado con la sentencia absolutoria que les concedió el Tribunal Cuarto de Juicio y luego confirmada por la Corte de Apelaciones. La defensa de Peñalver, Cabrices, Atencio y Rivera salió victoriosa cuando las instancias convalidaron los argumentos a su favor. En posteriores oportunidades la Sala Penal del TSJ rechazó recursos de casación contra la sentencia absolutoria a los “pistoleros” y así, quedaron sin mora con la justicia. Fuente: Tal Cual. Pág. 4-5. Caracas. 11/04/2008 Maye Albornoz

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