Fecha de los hechos: A partir del 15 de octubre de 2016 con la detención de unos veinte jóvenes, de los cuales 12 desaparecieron. Apareciendo posteriormente, la mayoría, en dos fosas comunes en dos áreas de Barlovento. Todavía hay algunos desaparecidos

Nombres de algunas de las víctimas:

  • Yorfran Vicente Mejías, arrestado en Yaguapa.
  • Antony Vargas (a veces escrito Antony), arrestado frente a su casa en Capaya,1 km al norte de El Café.
  • Carlos Gabriel Marchena, arrestado en su casa en el sector El Café.
  • Oscar Rodríguez, habitante del caserío Yaguapa a un costado de la carretera vieja vía Caucagua-Higuerote, 3 km al sur de El Café.
  • Luis Sanz, habitante del caserío Totumito en la parroquia El Café.
  • Jairo A. Rivas, habitante del caserío Yaguapa a un costado de la carretera vieja vía Caucagua-Higuerote.
  • Eliézer J. Ramírez (a veces escrito Elizer o Eliezer), habitante del sector Tamarindo en los límites de Capaya
  • Antonio M. Aladejo (a veces escrito Aledejo).
  • Dennys Acevedo (a veces escrito Denny).
  • Freddy Hernández.
  • Víctor Manuel Martínez.
  • Kenry González (a veces escrito Kenry)
  • Yulmar José Rengifo (31 años) habitante del caserío Los Toros del municipio Eulalia Buroz, detenido en el sector El Café.
  • Andris Brandres (37 años) detenido en el sector El Café.
  • Wilmer Enrique Serrano (22 años) detenido el 15 de octubre en Capaya.
  • Jefereson Suárez (27 años) detenido en Caucagua.
  • Reibí Torres Campos (26 años) del sector Caucagua.

Lugar de los hechos: Barlovento, Estado Miranda.

Derechos violados: Derecho a la vida. Derecho de acceso a la información. Derecho a la justicia. derecho a la indemnización por violación de derechos humanos. Derecho al debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas. Derecho a la seguridad ciudadana.

Estado del Caso: El Ministerio Público acusó a 12 efectivos del Ejército por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento, estado Miranda, donde fueron asesinadas 12 personas entre el 16 y 19 de octubre de 2016. Todavía continúan desaparecidos: Andris Bandres de 37 años, Yefferson Suárez de 27 años, Yulmar José Rengifo de 31 años, Wilmer Enrique Serrano de 22 años y Rey Victores Campos de 26 años.

Los fiscales acusaron al teniente coronel José Rojas Córdova, al mayor Luis Eduardo Romero Arcia y al capitán Daniel Contreras Primera por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de las víctimas y privación ilegítima de libertad, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.

Los referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

También fueron acusados por esos tipos penales el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.

El Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Barlovento, fue la instancia en la que se interpuso el escrito, mediante el cual los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los efectivos, quienes permanecen detenidos en el Internado Judicial de Carabobo.

Todos los militares solicitados pertenecían al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café donde llegaron los arrestados en primera instancia.

Resumen del caso: De acuerdo al portal de noticias, Runrunes, las víctimas fueron detenidas el 15 de octubre de 2016, luego de que militares irrumpieran en sus residencias, en el marco de una OLP realizada en Barlovento, la cual comenzó el día 7 del mismo mes e incluyó a 1.300 efectivos militares y policiales. Los detenidos, todos campesinos y varios de ellos analfabetas, fueron trasladados al Destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café. Los familiares de las víctimas no consiguen acceder al destacamento. Finalmente, el 18 de octubre de 2016, les indicaron que los detenidos habían sido llevados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, municipio Pedro Gual del estado Miranda. Sin embargo, al llegar, les dijeron que no se encontraban ahí.

Los familiares se movilizaron a la sede del Ministerio Público en Valle Verde y luego a la Defensoría del Pueblo, sede Guatire y denunciaron las desapariciones. Como respuesta, en ambos organismos les dijeron que “esclarecerían los hechos”. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, informó ese mismo día que el cabecilla de la banda “El Anohis” falleció durante un enfrentamiento el 16 de octubre de 2016, y que al día siguiente otros cinco integrantes también resultaron abatidos.

Asimismo, se confirmó que las víctimas no tenían antecedentes penales o algún tipo de relación con las bandas de la zona, de igual forma, se constató que habían sido detenidas por efectivos militares, sin tener una orden judicial de aprehensión ni encontrarse en flagrancia. El día siguiente se confirmó que ocho de los veinte detenidos habían sido liberados. Los familiares denunciaron que estaban en muy malas condiciones pues “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”.

El 7 de noviembre de 2016, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura emitió un comunicado urgente sobre el caso e instó al Estado venezolano (en cabeza del presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab) a tomar las medidas más apropiadas para establecer el paradero de las víctimas, ordenar su liberación inmediata, garantizarles el acceso a un abogado, así como a garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de las familias afectadas.

El 15 de noviembre de 2016 al cumplirse un mes de la desaparición de los detenidos, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz emitió un comunicado exigiendo conocer el paradero de los mismos, pues, de acuerdo a testimonios diversos, las OLP se caracterizan por el hecho que “las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos violatorios a los derechos humanos”.

Diez días después, miembros de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del CICPC y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) anunciaron el hallazgo de varias fosas comunes en Barlovento. En el sector Aragüita (vía el Parque Nacional Guatopo) se encontraron diez cadáveres, mientras que en La Maturetera, municipio Brión, se descubrieron dos. Se identificaron los restos, los cuales concordaron con aquellos detenidos hace mes y medio, y las pruebas forenses confirmaron que la data de la muerte fue poco después de ocurridas las detenciones.

El 26 de noviembre de 2016, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres declaró de manera oficial el hallazgo de las fosas y la detención de los presuntos implicados, siendo estos ocho militares del grupo Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje de la OLP activada el día 7 de octubre de 2016, aunque el ministro no realizó dicha conexión. Acusó al “paramilitarismo colombiano y a la delincuencia organizada” de ser los elementos que hicieron necesaria la activación de dicha operación y declaró que los cadáveres serían llevados a la Morgue de Bello Monte.

Horas después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado rechazando lo acontecido, y señaló que no fueron ocho los militares involucrados, sino once, quienes además eran miembros del Ejército y se encargaban de ejecutar operaciones de reconocimiento y patrullaje. De acuerdo al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la masacre “no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a los soldados de la patria” y añadió que se expulsaron a los implicados por orden del presidente Nicolás Maduro.

Los fiscales 34°, 62° y 66° nacionales y auxiliares del Ministerio Público, así como 10° del Estado Miranda, Ramón Diamont, Eddmysalha Guillén, Andrimar Ramírez, Yanira Rivas y Clarissa Espinoza, respectivamente, anunciaron el 27 de noviembre de 2017, los nombres de los presuntos implicados, adscritos al 323 Batallón de Caribe Coronel José Camacaro Rojas del Ejército, con sede en Cumaná, estado Sucre, pero que fue desplegado en la región de Barlovento en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo, en el sector El Café, siendo estos: el teniente coronel José Ángel Rojas; los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez; el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.

Los fiscales solicitaron al Tribunal 1° de Control de Miranda extensión Barlovento la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de los efectivos militares, quienes permanecen detenidos en el Internado Judicial de Carabobo.

Según el informe del Diputado de la Asamblea Nacional, Armando Armas, el Ministerio Público comisionó a la Fiscal 62° Nacional con competencia en materia de Derechos Fundamentales, Eddmysalha Guillén para investigar los hechos.

Para el 2 de diciembre de 2017, Runrunes publicó que al menos dos familias habían denunciado que sus familiares aún no habían sido hallados. La diputada Delsa Solórzano ha sostenido que eran catorce desaparecidos, no doce. El defensor del Pueblo también admitió que cinco personas no habían sido halladas: Andris Bandres de 37 años, Yefferson Suárez de 27 años, Yulmar José Rengifo de 31 años, Wilmer Enrique Serrano de 22 años y Rey Victores Campos de 26 años.

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